“Hay que contentar a los mercados”. Eso nos decían cuando la prima de
riesgo estaba muy elevada, y eso nos siguen diciendo cuando la prima de
riesgo sólo está elevada. El Estado español necesita demostrarle a los
mercados que cumple sus compromisos y que tiene capacidad para devolver
todo el dinero que está tomando prestado, nos dicen. Para lograrlo, el
Estado debe presentar unas cuentas públicas saneadas, esto es, un
déficit fiscal reducido y una cantidad de deuda total aceptable. Por lo
tanto, y según este razonamiento, el objetivo del gobierno español debe
ser reducir sus gastos (no todos, y unos más que otros, curiosamente) y
debe aumentar sus ingresos (no todos, y unos más que otros,
curiosamente). Así nos encontramos con una situación en la que el
gobierno termina reduciendo las partidas presupuestarias de educación,
sanidad, prestaciones por desempleo, pensiones, etc. (dejando en un
segundo lugar las de Defensa, Iglesia, Corona, algunas
Administraciones…) y aumentando impuestos como el IVA, el de
hidrocarburos, el de las rentas del trabajo, el del tabaco, etc.
(dejando en un segundo lugar los de las rentas del capital, el impuesto
de patrimonio, el impuesto de sociedades…), con el objetivo final de
complacer a los mercados. Pero… ¿quiénes son los mercados?
Cuando hablamos de “los mercados” no estamos hablando de un ente
abstracto o indefinido; “los mercados” tienen nombre y apellidos. Con
este término se hace referencia a una serie de agentes económicos
(particulares, empresas y administraciones públicas) que han prestado
dinero al Estado español mediante la compra de títulos de deuda pública.
Vamos a ver quiénes son estos agentes económicos que poseen estos
títulos.
Como se puede apreciar en el gráfico, una buena parte de estos
agentes corresponde a entidades financieras españolas (38,74%). Merece
la pena destacar que la inmensa mayoría de estas empresas han sido
ayudadas con fondos públicos en alguna ocasión, por lo que sorprende ver
que sean estas empresas ayudadas las que prestan dinero a (y por lo
tanto hacen negocio con) el Estado español. Una paradoja que esconde una
auténtica estafa, como vimos en un artículo anterior.
El siguiente sector en importancia (37,39%) lo representan los agentes
no residentes en territorio español, es decir, particulares,
administraciones públicas y –sobre todo– empresas financieras
extranjeras. El tercer peso más notable (13,57%) corresponde a las
propias administraciones públicas españolas, fundamentalmente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la
hucha de las pensiones). Otro sector importante es el de los fondos de
inversión y de pensiones (7,09%). Finalmente, y con un reducido peso,
tenemos a las empresas no financieras (2,45%) y a particulares (0,86%).
Ahora bien, cuando queremos bajar un poco más a lo concreto nos
encontramos con un problema. Si intentamos saber quiénes son exactamente
los agentes que operan con los títulos de deuda pública –para, entre
otras cosas, averiguar quiénes están especulando contra ella en
determinadas ocasiones (leer este artículo para entender cómo y cuándo lo hacen) – comprobamos que no hay forma de hacerlo. Podemos
acceder a través del registro del Banco de España a las operaciones de
compra y venta de títulos en un determinado momento, pero no podemos saber quiénes las están llevando a cabo.
El Banco de España no publica esa información, y no hay forma humana de
conocer con exactitud quién o quiénes están especulando con estos
títulos. Uno no puede ocultar su asombro frente a esta situación, ya que
si dispusiésemos de esa información podríamos saber quién o quiénes
están lucrándose gracias al mayor coste que le supone al Estado
financiarse (y por lo tanto, saber quiénes son en parte los responsables
de los recortes que se ejecutarán en consecuencia). El argumento de los
administradores del Banco de España es que conocer esa información
carece de relevancia, debido a que el mercado de deuda pública es un
mercado competitivo en el que intervienen muchos actores y que por lo
tanto ninguno de ellos puede tener más poder que otros. Algo que,
gracias a experiencias pasadas, sabemos es profundamente falso.
Sin embargo, aunque no podamos conocer el nombre y apellidos de
aquellas personas que operan con títulos de deuda pública española, sí
podemos saber algunas cosas de las personas que se benefician de estas
operaciones (y que en última instancia son tan responsables de la
sangría de recursos públicos como los que ejecutan la acción).
Empecemos centrándonos en los fondos de inversión. Como ya sabemos,
los fondos de inversión son vehículos utilizados para invertir en
activos financieros. Reúnen el dinero de muchas personas, y luego un
operador financiero se encarga de destinar todo ese dinero a un proyecto
del que se obtiene una rentabilidad. Uno de estos proyectos es la
posesión de deuda pública española. Veamos qué familias utilizan estos
vehículos financieros atendiendo a su nivel de renta (en la zona
superior del dibujo aparecen las familias de mayor renta) (1).
Como se puede apreciar en el dibujo, a medida que las familias gozan
de una mayor renta, existe mayor uso de este tipo de instrumentos
financieros. Así, solamente el 2,1% del 20% más pobre de las familias
españolas emplean fondos de inversión. En cambio, el 18,4% del 10% más
rico de los hogares españoles acude a este vehículo de inversión. En
realidad, las diferencias se hacen notablemente palpables para el 20%
más rico de la población. Vemos, por lo tanto, que los principales beneficiarios de los fondos de inversión son las familias más acaudaladas.
Ahora pasemos a los planes de pensiones, que son vehículos de
inversión parecidos a los fondos de inversión pero mucho menos
arriesgados (y por lo tanto, recurren a comprar títulos de deuda pública
en mayor medida que los fondos de inversión).
Comprobamos que se obtienen unos resultados similares a los
anteriores. El 20% más pobre sólo utiliza este tipo de instrumento
financiero en un 7,4% de los casos. Para las familias correspondientes
al 10% más rico, esta participación es del 54,2%. Conforme las familias son más ricas, más utilizan y más se benefician de los planes de pensiones.
Veamos por último quiénes son, de alguna forma, los que se benefician
de que las entidades financieras inviertan en títulos de deuda pública
española. Esta constatación es la que menos información nos aporta de
todas, porque existen importantes limitaciones metodológicas al respecto
(no distinguimos entre empresas financieras y no financieras, no
analizamos la cuantía ni evolución de los dividendos, ni conocemos en
qué proporción invierten en este negocio atendiendo a cada una de las
empresas). Sin embargo, se presentan los resultados como aproximación
analítica, de forma que nos podamos hacer una ligera idea de quiénes son
los que más se benefician de la posesión de títulos de deuda pública.
De nuevo, los resultados nos resultan familiares. Sólo el 3,5% del
20% más pobre posee acciones cotizadas en bolsa, mientras que este peso
es del 34,9% para el 10% más rico de la población española.Son las
familias más ricas las que más invierten en bolsa, y por lo tanto, las
que más se benefician de la evolución positiva de estas empresas
(especialmente en el caso del 10% más rico de la población).
En resumidas cuentas, estamos en condiciones de afirmar, pese a
los impedimentos metodológicos señalados, que los principales
beneficiarios del negocio de la deuda pública española son las familias
más acaudaladas del país (y de otros países, en tanto en cuanto
podemos imaginar que la distribución por renta de los propietarios de
acciones de empresas financieras y participación en activos financieros
es similar en el extranjero). Así las cosas, nos damos cuenta de que
cuando nos dicen que hay que realizar recortes y aumentos de impuestos
para contentar a “los mercados”, a quienes estamos contentando es en su
mayoría a buena parte de las capas más acaudaladas de la población. Un
perfecto fraude, por dos razones: en primer lugar, no podemos olvidar
que los recortes y subidas de impuestos afectan más a las familias que
menos recursos tienen y que afectan menos a las familias más
acaudaladas; y en segundo lugar porque son las familias más acaudaladas
precisamente quienes más se beneficiaron de las rebajas impositivas durante los últimos años, dándose la terrible paradoja de que hoy
día el Estado español tiene que pedir prestado, y por favor, el mismo
dinero que no hace mucho tiempo recaudaba fácilmente por impuestos a los
mismos agentes económicos que hoy día se lucran con este negocio tan
rentable.
Notas:
(1) Empleamos los datos ofrecidos por la Encuesta Financiera de las
Familias del Banco de España del año 2008, por ser la más reciente.
Siendo conscientes del inconveniente metodológico que existe por
referirse a un año distante, consideramos esta utilización de los datos
como una aproximación útil debido a que las modificaciones en relación a
la distribución por renta a lo largo de pocos años no suelen ser
significativas.
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