La investigadora española Amaya Moro Martín, investigadora Ramón y Cajal en el INTA-CSIC, ha publicado una carta en "Nature" en la que alerta del suicidio científico que representa la actitud del nuevo gobierno español (y del anterior) ante la ciencia. Esta es una traducción rápida de la carta, realizada por Rafael Pardo Almudí, Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valladolid:
LOS CAMBIOS EN ESPAÑA, SON UN SUICIDIO CIENTÍFICO:
España ya no tiene un Ministerio de Ciencia. A finales de 2011, el nuevo gobierno transfirió las competencias científicas nacionales al Ministerio de Economía y Competitividad, algo para lo que este ministerio no parece muy adecuado. La Ciencia era un añadido indeseable que absorbía más de la mitad del recorte de 1083 millones de euros (US $1,438 millones) asignado al ministerio. Esto es una alarmante señal de los sacrificios que la ciencia deberá afrontar cuando el gobierno apruebe el mes próximo los presupuestos de 2012.
Esta es la primera vez que las palabras “ciencia” o “investigación” no aparecen en la denominación de algún departamento ministerial de alto nivel. No es solo un cambio simbólico, sino que continúa la tendencia de nuestro país, de minar y minusvalorar deliberadamente la ciencia.
La línea oficial es clara: la ciencia no es una prioridad en España. Naturalmente que hay estos inmersos en una crisis económica y que se necesitan medidas de austeridad. Sin embargo, las medidas draconianas e irracionales del gobierno, causarán a largo plazo daños a la infraestructura científica y enviarán mensajes contradictorios a los demás países y a los inversores. Aunque su retórica promete una economía basada en el conocimiento, cada paso que da va en la dirección opuesta. Los resultados serán una economía de "saber prestado" con escasos conocimientos técnicos propios.
Los problemas no comenzaron con el nuevo gobierno: la administración anterior intentó aprobar un kafkiano proyecto de ley para las universidades públicas, que habría creado un sistema de evaluación de méritos en el que se disminuía el peso asignado a la investigación y a la transferencia tecnológica. El proyecto proponía el que los sindicatos negociaran los criterios para la promoción, haciendo las carreras académicas “más previsibles e igualitarias”. Habría supuesto el fin de la meritocracia. El proyecto habría hinchado la burocracia a un nivel tal que hubiera amenazado con aplastar a cualquier administración universitaria.
El anterior gobierno también se opuso a los intentos de crear un genuino sistema tipo ‘tenure-track’ * para los investigadores de las universidades y laboratorios nacionales, al considerar ese modelo como anticonstitucional ya que el acceso a la función pública debería ser “igualitario”, por lo que los trabajos estables no deberían estar reservados a los investigadores inmersos en el ‘tenure-track’ . Esto es consecuencia de una actitu estrecha de miras que considera que todos los investigadores en el sector público deben ser funcionarios y. a la vez. que la función pública no es adecuada para las actividades investigadoras.
España suele jactarse de que tiene un sistema equivalente al ‘tenure-track’ : el programa Ramón y Cajal. Iniciado en 2011, es el único programa a escala nacional que ha logrado atraer y mantener investigadores altamente cualificados tanto españoles como extranjeros. Sin embargo, los drásticos recortes sufridos en los últimos tres años y la congelación de contrataciones anunciada para este año, acabarán con esta primera tentativa de construir un programa de ‘tenure-track’ . Las perspectivas son tan sombrías que a pesar de estar impacientes por volver a España, algunos de mis colegas españoles en los Estados Unidos están rechazando plazas Ramón y Cajal.
La congelación de contrataciones es suicida. No se reemplazará a los investigadores que se jubilen. Al contrario que muchos de sus vecinos, España tiene una industria científico-tecnológica muy limitada que no es capaz de absorber trabajadores, por lo que los científicos entre 20-40 años no tendrán otra opción que irse si quieren continuar su carrera. El país se enfrentará a una fuga de cerebros multigeneracional, con las correspondientes pérdidas en innovación, inspiración y credibilidad. El daño causado por esta decisión podrá tardar décadas en ser remediado.
El nuevo gobierno está pisoteando a fondo las esperanzas que tenían los investigadores españoles para el futuro. La legislación en puertas podría haber mejorado la situación, pero el gobierno ha cerrado de repente y sin explicaciones, las dos comisiones de política científica – una en el Senado y otra en el Congreso- que hubieran liderado el proceso en esta legislatura.
La legislación permite financiar universidades y centros de investigación privados, desarrollar una nueva estrategia científico-tecnológica y crear una genuina agencia nacional de investigación con un presupuesto multianual. Necesitamos urgentemente un sistema así en España, donde las impredecibles fluctuaciones anuales de los presupuestos hacen imposible la planificación a medio y largo plazo. La estrategia es crucial si España quiere coordinar las cada vez más anárquicas 18 políticas científicas, resultantes de los 17 gobiernos autonómicos y del gobierno central, e introducir un sistema más inteligente, de arriba para abajo, para atajar los problemas nacionales.
España debe poner sus inversiones en ciencia y tecnología (1,39% del PIB) en línea con los estándares europeos (2%) y acercarse al objetivo del 3% marcado por la Estrategia de Lisboa del Consejo Europeo de 2010. Necesita también un consejo científico, similar al Wissenschaftsrat alemán formado mayoritariamente por científicos elegidos por la comunidad científica, que marque la estrategia nacional en ciencia y tecnología.
La situación española se resume en el cartel de una reciente superproducción de Hollywood: “No hay plan, no hay respaldo, no hay elección. Misión: Imposible. Protocolo Fantasma” La ciencia española no puede permitirse protocolos fantasmales. Sin estrategia no hay plan, y sin una agencia científica nacional bien financiada y apolítica, no hay respaldo. El resultado deja a la investigación en España con una misión imposible.
* Tenure-track. Sistema de carrera universitaria en el que se garantiza estabilidad laboral a los investigadores durante un periodo de tiempo, al final del cual tienen que superar una serie de evaluaciones antes de obtener un puesto permanente.
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The Spanish researcher, Amaya Moro Martín, Ramón y Cajal Fellow at the Spanish National Research Council (INTA-CSIC), has published an opinion letter in Nature, alerting to the dangers caused by the attitude of the new Spanish government towards the Science.
Spanish changes are scientific suicide
The official line is clear: science is not a priority in Spain. Of course, we are immersed in an economic crisis and austerity measures are needed. However, the government's irrational and draconian actions will cause long-term damage to the scientific infrastructure and send contradictory messages to other countries and investors. Although its rhetoric promises a shift to a knowledge-based economy, every step it takes is in the opposite direction. The results will be a borrowed-knowledge economy with little domestic know-how.
The problems did not start with the new government: the previous administration attempted to pass a Kafkaesque by-law for public universities that would have created a merit-evaluation system that diminished the weight assigned to research and technology transfer. The by-law stated that trade unions would negotiate the criteria for faculty promotion, making academic careers “more predictable and more egalitarian”. It would have been the death of meritocracy. The same by-law would also have ballooned bureaucracy to such a level that it would have threatened to swamp any university administration.
The previous government also opposed attempts to create a genuine tenure-track system for researchers in universities and national laboratories, on the grounds that tenure track is unconstitutional because access to civil service should be “egalitarian” so tenured jobs should not be targeted to tenure-track researchers. This is a consequence of the narrow-minded thought that all researchers in the public sector should be civil servants, but civil service is unsuited to research activities.
Spain likes to boast that it has an equivalent to tenure track: the Ramón y Cajal programme. Launched in 2001, this is the only nationwide programme that has managed to attract and retain highly qualified researchers from Spain and abroad. However, drastic cuts in hiring over the past three years and a hiring freeze announced this year will kill this first attempt at a tenure-track programme. The prospects are so grim that despite being eager to return to Spain, some of my Spanish colleagues in the United States are rejecting Ramón y Cajal positions.
The hiring freeze is suicidal. Researchers who retire will no longer be replaced. Unlike many of its neighbours, Spain has a very limited science and technology industry in which to absorb highly qualified workers, so scientists aged 20–40 years will have no choice but to leave if they want to further their career. The country will therefore face a multigenerational brain drain, with corresponding losses in innovation, inspiration and credibility. The damage from this decision will take decades to reverse.
The new government is now effectively trampling on the best hope that Spanish researchers had for the future. Legislation in the pipeline could have improved the situation, but the government has, abruptly and without explanation, closed the two political science commissions — one in the Senate and one in the Congress — that would have been responsible for steering through this legislation.
The legislation includes moves to allow universities and research centres to be funded privately, to develop a new science and technology strategy and to create a proper national research agency with a multi-year budget. We urgently need such a system in Spain, where severe and unpredictable fluctuations in year-to-year funding make medium- to long-term planning impossible. The strategy is crucial if Spain is to coordinate its increasingly anarchic 18 sets of science policies — laid out simultaneously by the 17 regional governments and the central government — and to introduce a smarter, top-down, approach to tackling national problems.
Spain must bring its science and technology investment (currently 1.39% of gross domestic product) in line with European standards (2%) and closer to the 3% goal set by the European Council Lisbon Strategy for 2010. It also needs a science council, similar to the German Wissenschaftsrat, constituted mainly of scientists who have been elected by the scientific community to take the lead in delivering the national science and technology strategy.
Spain's situation is summed up by a poster for a recent Hollywood blockbuster: “No plan. No backup. No choice. Mission: Impossible. Ghost Protocol.” Spanish science cannot afford ghost protocols. Without the proposed strategy there is no plan, and without a well-funded and non-political national research funding agency, there is no backup. The results leave research in Spain with a mission impossible.
Tomado de/Taken from Nature 482, 277( 16 February 2012); doi:10.1038/482277a
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