Los 160 MW eólicos instalados en las Islas Canarias, que produjeron 387 GWh en 2012, supusieron un ahorro de 36 millones de euros en el déficit tarifario, según cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Tanto AEE como la Asociación Eólica Canaria (AEOLICAN) consideran que el regulador debería tener en cuenta este ahorro a la hora de calcular el sobrecoste eléctrico extrapeninsular. Asimismo, creen que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo debería fijar cuanto antes la retribución que percibirán las nuevas instalaciones eólicas previstas para Canarias, así como acelerar los trámites, con el fin de beneficiarse cuanto antes del impacto positivo que supone la eólica.
El procedimiento de selección de las centrales que deben cubrir la demanda en cada isla -conocido como despacho- lo realiza el operador del sistema, REE, en base a unos costes reconocidos que son en parte fijos (en función de la potencia disponible) y en parte variables (en los que influyen factores como el precio de los combustibles). La eólica rebaja los costes variables al desplazar del sistema tecnologías que resultan más caras por usar combustibles fósiles y, por lo tanto, reduce la factura energética y las transferencias de rentas.
En 2012, los costes variables medios del conjunto de sistemas insulares fueron de 180 ?/MWh. Si se resta la retribución total media de la eólica, de 86,27 ?/MWh, la misma que para las instalaciones de la Península, resulta un ahorro de unos 94 ?/MWh. La suma del ahorro anual es de 36 millones de euros, ya descontados los 14 millones de euros de primas, según los cálculos de AEE.
Si se instalasen los 600 MW previstos en la convocatoria de pre-asignación para las Islas Canarias, el ahorro representaría 150 millones anuales de euros con los precios actuales de los combustibles, y más de 257 millones en el año 2016 si se toman en consideración las estimaciones de aumento de los precios de los combustibles fósiles y la previsible mejora de la eficiencia de los aerogeneradores. El Real Decreto-Ley 1/2012, en el que se introdujo la moratoria a los proyectos eólicos no registrados, tuvo como efecto el cierre del registro para esos 600 MW en las Islas Canarias.
El Consejo de Ministros aprobó en marzo el proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, con el objetivo de "reducir los costes de los mismos y profundizar en los mecanismos de control y supervisión para asegurar la seguridad de suministro y la sostenibilidad económica de estos sistemas".
Este proyecto, que se encuentra en trámite parlamentario, incluía, entre otras medidas, "la introducción paulatina de nueva generación en otros sistemas que vaya desplazando a generación ineficiente, de manera que se logre el abaratamiento del coste de generación. Para ello, se permitirá que nuevas instalaciones en zonas donde se supera el índice de cobertura (ratio potencia disponible sobre demanda punta) puedan percibir el régimen retributivo por razones de seguridad de suministro o eficiencia de las nuevas instalaciones".
AEE y AEOLICAN creen que, en paralelo a esta tramitación, el Ministerio y el Gobierno de Canarias deben avanzar en el desarrollo regulatorio que permita la instalación de parques. Ambas asociaciones están dispuestas a trabajar conjuntamente con el operador del sistema eléctrico canario en la búsqueda de soluciones técnicas y de operación que maximicen la conexión e integración de la eólica en la red.
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